Por . Publicado originalmente en El Mostrador.

Investigadores y académicos se han enfrascado durante el último mes en una inusual discusión interdisciplinaria sobre la supuesta “derechización” de los resultados del concurso Fondecyt regular, principal fuente de financiamiento de toda la investigación científico-académica que se realiza en el país. Esta polémica motivó una respuesta aún más inusual de los investigadores que forman parte de los Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en Fondecyt, quienes se mostraron ofendidos por la “hipótesis de la sospecha” y defendieron lo que ha sido llamado “la columna vertebral” de la investigación académica en Chile.

Más allá de las debilidades analíticas del informe de Alberto Mayol y Javiera Araya, y de la defensa que hacen los Consejeros Superiores, es innegable que existe una profunda crisis de legitimidad en el programa Fondecyt. Esta crisis pasa más que por un tema de politización coyuntural, por una definición política de fondo que tiene que ver con el rol del Estado chileno en la promoción y financiamiento de la investigación científica, junto con las herramientas que ha adoptado para cumplirlo.

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) y la institucionalidad que lo sustenta dentro de Conicyt nacieron por decreto con fuerza de ley el año 1981 (DFL 33/81). Este hito histórico es de la mayor relevancia, ya que desde ahí el Estado y sus instituciones de educación superior fueron separados de los roles de generar, planificar, ejecutar y administrar programas de investigación para traspasar buena parte de estas responsabilidades, y del presupuesto fiscal asociado, a una cúpula de científicos y académicos con el mandato de distribuirlo entre sus pares mediante un mecanismo concursable de subsidio directo. Esta cúpula representada en los Consejos Superiores fue creada en el mismo DFL y designada por el gobierno militar con un mecanismo de renovación similarmente “dedocrático” y endogámico hasta el día de hoy: los Consejeros en ejercicio proponen ternas a la Presidencia de la República para designar a sus sucesores cada tres años.

Desde sus inicios, la mayoría de los investigadores beneficiarios de Fondecyt han alabado este mecanismo de financiamiento, ya que los liberó de “trabas burocráticas” con instituciones públicas y privadas, alimentó la percepción de una repartición meritocrática de recursos, y facilitó una administración económica flexible de sus proyectos (además de otros beneficios menos comentados, como la recepción directa de los fondos en cuentas corrientes personales que mueven hasta $50.000.000 anuales, e incentivos en dinero que actualmente ascienden a $6.000.000 al año por sobre sus sueldos de académicos).

El relativo éxito del programa Fondecyt se refleja principalmente en una métrica: el aumento en la generación de publicaciones científicas (sinónimo de “productividad”) por parte de los investigadores que reciben financiamiento, sin embargo, pocas veces se ha evaluado seriamente si este modelo ha respondido a las necesidades de desarrollo del país o si ha contribuido a fortalecer las instituciones de educación superior y a todos quienes allí trabajan en tareas de investigación.

Con un obvio problema de legitimidad de origen, un débil marco regulatorio contenido en el DFL 33/81, y la permanente insuficiencia administrativa y presupuestaria de Conicyt, no es de extrañar que el programa Fondecyt haya acumulado múltiples vicios a lo largo de sus 35 años de vida. Algunos ya han sido expuestos por algunos investigadores, pero en este espacio queremos enfatizar tres situaciones que, creemos, son nocivas para todo el ecosistema de investigación en Chile y rara vez ocupan espacio en la discusión sobre política científica nacional.

Primero, Ciencia Con Contrato nació como respuesta a uno de los principales vicios de Fondecyt: la total permisividad para contratar a honorarios y con muy bajas remuneraciones al personal de apoyo a los proyectos sin cumplir con la normativa laboral vigente.

En efecto, prácticamente todos los investigadores que trabajan en universidades chilenas y que han contratado personal de apoyo financiado por Fondecyt lo han hecho infringiendo el Código del Trabajo, situación que, en una estimación conservadora, afecta actualmente a aproximadamente 2.000 trabajadores científicos. Estas infracciones son muy difíciles de perseguir legalmente, dada la atomización del empleo (un investigador principal = un empleador), la debilidad organizacional y negociadora de los trabajadores a honorarios, el escaso campo laboral para profesionales científicos, sumado a las estructuras de poder asimétrico que imperan en la academia.

Esto quedó de manifiesto una vez más el año pasado, cuando los actuales Consejeros Superiores se negaron a normar la situación laboral del personal de apoyo en las bases de los concursos Fondecyt, priorizando la “flexibilidad” requerida por ellos y sus pares para el manejo de los recursos antes que los derechos laborales de los profesionales que contratan para la ejecución de sus proyectos. Esta manera encubierta de abaratar los costos de investigar en Chile y aumentar la productividad a costa de mano de obra subvalorada debería ser motivo de vergüenza tanto para nuestra institucionalidad académica como para quienes forman a las actuales y futuras generaciones de trabajadores científicos dentro de ella.

Lamentablemente, los vicios no se detienen ahí. Fondecyt opera además con una preocupante falta de transparencia en sus procesos de selección y adjudicación de fondos. La responsabilidad de evaluar los proyectos participantes recae sobre investigadores y académicos que forman parte de “Grupos de Estudio”, designados a su vez por los Consejos Superiores.

Estos cuerpos colegiados, divididos en disciplinas y alojados en Conicyt, evalúan las postulaciones según criterios estipulados en las bases concursales que consideran la calidad de la propuesta, su viabilidad y las publicaciones de los investigadores postulantes. Sin hacer públicas sus actas ni deliberaciones, los Grupos de Estudio asignan puntajes y seleccionan los proyectos mejor rankeados para su análisis final por los Consejos Superiores.

Acto seguido, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a un evidente sistema de cuoteo por disciplinas e instituciones, los Consejos elaboran el listado de proyectos que recibirán financiamiento y notifican a los beneficiados.

Aun sin considerar los potenciales conflictos de interés que sin duda existen en los Grupos de Estudio y que no se declaran pública ni obligatoriamente, el último paso en la adjudicación de proyectos por parte de los Consejos Superiores es esencialmente discrecional y no responde únicamente a los criterios que estipula el DFL 33/81, sino que a un cuoteo presupuestario generado consuetudinariamente sobre la base de presiones y acuerdos entre investigadores de distintas disciplinas e instituciones.

Finalmente, y quizás lo más grave de todo: numerosos académicos integrantes de los Consejos Superiores de Fondecyt han actuado históricamente sin un estándar de probidad adecuado al mantener serios conflictos de interés durante todo el proceso de toma de decisiones asociado a los concursos. Uno esperaría, como mínimo, que los Consejeros se inhabilitaran de postular a los fondos que ellos mismos regulan por bases, adjudican y que, además, tienen el mandato de fiscalizar durante la ejecución de los proyectos.

No obstante, solo este año, cuatro de nueve consejeros (Dora Altbir, César Oyarzún, Vladimir Marianov y María Elena Santolaya) postularon y se adjudicaron fondos en el concurso Fondecyt regular como investigadores responsables. Un quinto Consejero, Carlos Chávez, ganó también un Fondecyt regular el año 2014, con lo que el comportamiento cuestionable alcanza a más de la mitad de los Consejeros Superiores actuales. Esta cifra se multiplica al analizar la participación histórica de Consejeros en proyectos como coinvestigadores o como patrocinantes de Fondecyt postdoctorales.

Cualquier observador imparcial concluirá que no existe un mecanismo efectivo para resolver estas incompatibilidades como no sea la completa inhabilidad para postular a este fondo, algo que no está normado en el DFL 33/81 ni en las bases concursales redactadas por los mismos Consejeros.

Estos hechos ponen en cuestión el diseño original del programa Fondecyt, donde el Estado limitó severamente su capacidad de control sobre este concurso público al dejarlo en manos de un organismo autónomo, capturado por un solo grupo de interés que actúa sin responsabilidad administrativa formal ni una adecuada rendición de cuentas, como se evidencia en la última auditoría a Fondecyt de la Contraloría General de la República (agosto de 2015).

Por cierto, ninguna de las tres situaciones planteadas anteriormente fue abordada por la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile ni por otras instancias de planificación de política científica, donde lo único que se escucha desde la academia es un clamor permanente por incrementar el presupuesto y el número de proyectos que financia Conicyt vía concurso, sin siquiera mencionar los mecanismos de asignación de recursos.

Considerando la agudización de las falencias administrativas y la creciente desprolijidad reglamentaria del programa Fondecyt, que tuvo entrampado por semanas el fallo definitivo del concurso regular 2016 y a cientos de investigadores que inician su carrera como académicos o postdoctorados sin remuneraciones ni fondos para investigar por casi seis meses, se vuelve imperativo un análisis profundo y una reforma urgente de este programa de financiamiento público a la investigación científica y tecnológica. La oportunidad no puede ser mejor, ya que, junto con la necesidad apremiante de aumentar el presupuesto que el país dedica a las ciencias, los mecanismos de financiamiento público debieran estar al centro del debate legislativo que lleve a la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología durante este año.

Esperamos que en esa discusión, el acento se ponga en eliminar malas prácticas e incentivos mal alineados que se acumularon por casi cuatro décadas para comenzar a maximizar los beneficios que la inversión en I+D debe tener, no solo para las personas e instituciones que realizan investigación, sino que también para el bienestar social y el desarrollo integral del país.

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